Una comunidad invisible Por Daniel Zueras

INDÍGENAS-COSTA RICA
Una comunidad invisible
Por Daniel Zueras

SAN JOSÉ, 24 oct (IPS) - Los indígenas son los grandes olvidados en Costa Rica. Esta comunidad muestra los índices de pobreza más elevados y los más bajos de desarrollo.

Sus opiniones e intereses tampoco reciben mucha atención. El tribunal constitucional dictaminó que debían ser consultados sobre la reforma a un inciso de la Ley de Biodiversidad, un paso obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscripto por Costa Rica.

Sin embargo, el parlamento unicameral aprobó el texto en primera lectura el 16 de octubre, eliminando el párrafo en cuestión.

El 20 de octubre diputados del Partido de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) cuestionaron la constitucionalidad de la ley, recurso que está a la espera de una decisión judicial.

"Ha habido una invisibilización de los pueblos indígenas por parte del Estado", dijo a IPS Eliécer Velas, uno de los representantes de la etnia maloku, una de las ocho que habitan en Costa Rica, distribuidas en 24 territorios.

Esos territorios ocupan cerca de 400.000 hectáreas, aproximadamente siete por ciento de la superficie del país. Sus 63.876 habitantes representan poco menos de 1,5 por ciento de la población.

Las ocho etnias indígenas son los brunca (que constituyen 15 por ciento del total de las comunidades indígenas), bribris (35 por ciento), cabecares (25 por ciento), ngöbes bugle (13 por ciento), huetares (tres por ciento), chorotegas (cuatro por ciento), maloku (tres por ciento) y teribe (dos por ciento).

Buena parte de ellas se concentran en la zona meridional del país.

Esta semana dirigentes del pueblo maloku tuvieron una reunión en la presidencia de Costa Rica para tratar temas de interés para su comunidad, como adquisición de tierras, construcción de un acueducto, un "ebais" (centro de salud), cuatro kilómetros de carreteras y un programa de viviendas.

Velas criticó al gobierno, porque, tras ignorar la consulta que debía hacer a las comunidades indígenas respecto de la ley votada a sus espaldas, las ha llamado, una por una, para que expongan sus necesidades y a negociar la realización de los proyectos de infraestructura necesarios.

"En Costa Rica, 95 por ciento del territorio está electrificado. En el cinco por ciento restante están incluidos los pueblos indígenas", agregó Velas. El panorama se repite en materia de salud y educación, a la que gran parte de los aborígenes no tienen acceso.

Rubén Chacón, abogado especializado en derecho indígena, afirmó que se habla de recuperar tierras, abrir escuelas y centros médicos. "¿Pero qué tipo de educación y qué tipo de medicina?", se preguntó.

"Al gobierno le interesa abrir escuelas y centros de salud aunque no tengan medicinas y pupitres, pero no garantiza que haya un contenido cultural indígena. Es un problema grave", agregó.

En este contexto, una buena noticia para los pueblos originales de Costa Rica es la discusión parlamentaria del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Chacón cree que podría ser aprobado en el primer trimestre de 2009.

El texto tiene una cosmovisión indigenista, pero la duda es si pasará de las palabras a los hechos. "Costa Rica es el país más avanzado en legislación indígena de América Latina, pero no se cumple", afirmó Vela.

En este país se "han aprobado muchos convenios internacionales sobre derechos humanos, pero siempre hay problemas en su aplicación", ya sea por razones económicas o ideológicas, dijo Chacón a IPS.

Los activistas de las comunidades autóctonas tienen la esperanza de que, si se aprueba la nueva ley cuyo texto en debate respeta la visión de los pueblos indígenas, haya un mayor grado de cumplimiento.

"Para llegar a ella se ha vivido un proceso de participación muy largo", según Chacón, para quien "será más un instrumento de organización que una normativa política".

"La nueva ley dará autonomía a los pueblos indígenas", señaló Vela, en la que cada comunidad tendrá una relación directa con el Estado. Según el proyecto, habrá recursos económicos asignados por el Ministerio de Hacienda "y cada pueblo decidiría qué hacer" con ese dinero, agregó.

Los indígenas reclaman derechos fundamentales: no discriminación, integridad cultural, propiedad, uso, control y acceso a la tierra y los recursos, etnodesarrollo y bienestar social y educativo de acuerdo a la cosmovisión indígena, además del derecho a la participación política.